https://gerencia-ambiental.com/307_junio2024/index.html#page=107

En promedio, se trata de más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8.600 hectareas. Cerca del 93% de los residuos industriales no se tratan correctamente y terminan amontonados en sitios ilegales, contaminando el ambiente y afectando la salud de comunidades enteras. Las políticas para abordarlos hasta ahora son insuficientes.

La pregunta para empezar a hablar de los basurales a cielo abierto en Argentina debería centrarse en cuestionar por qué, hasta el momento, los gobiernos no pudieron dar respuestas a una situación que no hace más que agravarse día a día. Se trata, antes que nada, de un problema ambiental y de salud pública cada vez más profundo y un desafío que muchas gestiones prometen solucionar pero que, en la mayoría de los casos, termina relegado.
Para el 2017 el «Informe del Estado del Ambiente», elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5.000 basurales a cielo abierto en todo el territorio, lo que significa, en promedio, más de dos ba-surales por municipio, cubriendo un total de 8.600 hectáreas. La situación en el país es alarmante y urge la implementación de políticas para poner un freno a la propagación de estos depósitos y erradicar los vigentes.

Para analizarlo en su dimensión global hay que preguntarse también sobre el destino que hoy en día tienen los residuos industriales generados por miles de empresas a lo largo y ancho del país. Justamente, desde la la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa), en conjunto con la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries), se recopilaron datos que le fueron otorgados a los Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades nacionales de Rosario (UNR) y de Buenos Aires (UBA) para realizar un relevamiento del estado de situación con empresas de todo el país. Los números que se obtuvieron de dicho estudio fueron alarmantes.

En Argentina el año pasado se generaron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, pero solo el 7,1% de ese total (apro-ximadamente 1.293.820 toneladas) fue tratado de forma correcta.

Esto implica que casi el 93% de los residuos industriales que no reciben el tratamiento adecuado se descarta de forma incorrecta, terminando en estos depósitos de basura ilegal. Pero no son los únicos, también los residuos domi-ciliarios, aquellos que generan las personas en sus hogares y cuya gestión es responsabilidad de los gobiernos municipales, de acuerdo a la ley nacional 25.916, terminan muchas veces acumulados en estos sitios. La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina.
Algo a tener en cuenta es que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas de alta vulnerabilidad, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. Las personas que viven en estos lugares, muchas veces, extraen el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente.

Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mun-do, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones.

Los intentos por acabar con estos sitios en la Argentina son pocos, aunque desde el Gobierno Nacional se viene impulsando algunos proyectos para reconvertir basurales en centros ambientales. A mediados del año pasado, el ex viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky había anunciado una nueva línea de crédito del BID por hasta US$350 millones para cumplir con este compromiso. Las obras se iban a iniciar en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, con el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de un centro ambiental en la primera ciudad y una planta de separación y transferencia de residuos para la segunda.

En el mes de febrero, a través de un comunicado oficial, la nueva gestión a cargo de la Subsecretaría de Ambiente dio a conocer una serie de inspecciones para relevar el grado de avance de estas obras. Si bien hay una intención de continuar por el camino de la reconversión, sin dudas los más de 5,000 basurales que hoy concentra el país requerirán de una estrategia conjunta entre los distintos niveles del Estado, industrias, generadores y tratadores de residuos para erradicarlos y avanzar hacia una mayor conciencia ambiental en la sociedad. Restará ver si esas estrategias se ponen en marcha en los próximos meses.